La iniciativa fue propuesta por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) de la Ciudad de Buenos Aires, y candidata a renovar su banca en la cámara baja, Gisela Marziotta, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de capacitarse en la Ley Micaela en materia de género a todas las personas privadas de su libertad.
La iniciativa establece que la capacitación básica e inicial obligatoria “se dictará con una frecuencia no menor a un año” y propone que las personas privadas de su libertad “deberán cursarla al menos una vez en la primera oportunidad en que se dicte a partir de su ingreso a los establecimientos”.
Según el texto, tras la incorporación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a nuestra carta magna, “el contenido y obligaciones allí contenidas deberán ser conocidos por todas las personas, y las personas privadas de la libertad no constituyen una excepción a ello”.
“Las personas que se encuentran privadas de su libertad constituyen una parte del conjunto social, padecen necesidades similares y presentan características propias de la comunidad a la que pertenecen”, sostuvo la diputada del Frente de Todos en los fundamentos del texto.
Consideró además que “la formación y sensibilización en cuestiones de género no sólo entre ofensores sexuales sino entre todas las personas privadas de su libertad es fundamental en la medida en que todas se encuentran atravesadas por patrones propios de la cultura patriarcal”.
“La aplicación de estos dispositivos de formación y sensibilización destinados a personas privadas de la libertad constituye una oportunidad histórica para aportar en la reducción y erradicación de este tipo de violencias no sólo en los lugares de encierro sino también en sus entornos, contextos familiares y sociales”, aseveró.
Según Marziotta, con esa norma se busca “realizar una contribución importante a la erradicación de las múltiples situaciones de violencia hacia las mujeres y disidencias”.
