La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó este jueves una ley de emergencia económica, financiera y tarifaria para empresas recuperadas, iniciativa mediante la cual se suspende sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas entidades.
El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo bonaerense y el pasado mes de marzo obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados. Ayer obtuvo la sanción definitiva.
La medida está destinada a empresas que hayan sido recuperadas por sus trabajadores. Incluye facilidades tarifarias y financieras para aquellas que tengan deudas y suspende la ejecución de sentencias de desalojo, remates de bienes y cortes de servicios.
”La declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer asistencia y el trato diferencial que requieren las empresas cooperativas”, había señalado el gobernador Axel Kicillof cuando se presentó el proyecto de ley.
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, había planteado el tema como “una asignatura pendiente” de la provincia con este tipo de empresas, y destacado que “la producción cooperativa es motor de la reactivación”.
Según el registro publicado en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, existen más de 400 empresas recuperadas en todo el país, de las cuales al menos 70 se encuentran en territorio bonaerense.
En la sesión que se llevó a cabo este jueves en la Cámara Alta provincial, también se aprobó la Ley de Identidad de Origen que garantiza el acceso al mencionado derecho a todas las personas que están buscando a sus familias. Se trata de “una de las leyes más importantes al reconocer y reglamentar un derecho fundamental de la persona humana”, destacó el senador del Frente de Todos, José Luis Pallares, uno de los autores de la iniciativa.
