La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera) y la empresa Edenor iniciaron desde principios de 2020 un proceso de denuncia de quienes ofrecen instalaciones clandestinas para el robo de energía, lo que permitió desactivar más de 700 publicaciones realizadas en redes sociales y páginas web.
La campaña se inició con el objetivo de combatir el fraude y el robo de energía, que es un delito que está penado con prisión de hasta 6 años y multas del 40% más gastos de recupero de energía, verificación, impuestos y contribuciones.
“Debido al crecimiento de publicaciones en redes sociales que fomentan la manipulación de las instalaciones eléctricas y el robo de energía, se inició a principios del 2020 un camino junto a Adeera y otras distribuidoras del país, para denunciar todo tipo de ofrecimientos de instalaciones clandestinas que puedan alterar el normal funcionamiento de la red eléctrica”, explicaron en Edenor.
Dentro de la operatoria que utilizan los oferentes (delincuentes) se encuentran propuestas para disminuir el consumo o directamente evitarlo, sin tener consideración de los riesgos que trae aparejados el contacto directo con la electricidad sin los elementos de protección correspondiente o sin un debido conocimiento sobre lo que se está realizando.
Asimismo, la manipulación de la red conlleva el riesgo de electrocución y la posibilidad de un incendio por cortocircuito aumenta.
También se destacó que la manipulación de las instalaciones eléctricas perjudica la calidad del servicio de la zona, lo que provoca cortes de suministro reiterados y bajas de tensión prolongadas que afectan a todos los vecinos.
Edenor informó que realiza diariamente operativos para combatir el fraude y del mismo modo se encuentra analizando las medidas que llevará adelante tanto al que promociona estos servicios, como el que los contrata.
Además, en todos los casos donde personal técnico detecte instalaciones clandestinas, se procede al retiro de la conexión ilegal y se labra el acta correspondiente que luego es derivada a la fiscalía actuante.
El robo de electricidad cruza de forma transversal toda la escala social, no distingue ubicación geográfica ni poder adquisitivo.
