En medio de la vorágine judicial y financiera que atraviesa Frigorífico General Pico, uno de los frentes más críticos es el estancamiento en la conducción empresarial. A pesar de que la Asamblea de accionistas decidió en su última reunión remover a las autoridades anteriores y designar un nuevo equipo directivo con el mandato claro de recuperar la actividad y salvaguardar las fuentes laborales, esa conducción fresca aún no ha podido asumir efectivamente sus funciones. El expediente concursal, que tramita ante el juez Carlos María Iglesias, registra la convocatoria y el orden del día de la asamblea, en la que participaron una veedora designada por el concurso, dos inspectores de Personas Jurídicas de La Pampa y un escribano público, pero el traspaso de mando sigue trabado por resistencias internas y planteos judiciales.
El bloqueo a la nueva administración impide que la empresa pueda implementar un plan de saneamiento urgente, renegociar deudas con proveedores y bancos, y recuperar la confianza del mercado ganadero. Mientras tanto, la gestión saliente, que ya fue desaprobada por la asamblea y que además rechazó el balance del ejercicio cerrado en junio de 2025, mantiene un control fáctico sobre las instalaciones y la documentación sensible, lo que genera un peligroso vacío de poder. Los nuevos directivos denuncian que no tienen acceso a las cuentas bancarias, los registros contables ni los contratos vigentes, lo que les impide tomar decisiones elementales para detener la sangría financiera.
Este escenario de parálisis se combina con la investigación penal por presunta administración fraudulenta y balance falso, que ya tiene en su haber un allanamiento en la planta de Trenel y varias declaraciones testimoniales. La Justicia penal avanza de manera paralela al concurso civil, y ambos frentes convergen en un punto crítico: la necesidad de esclarecer el destino de los $16.500 millones girados a LDL. Si la nueva directiva logra finalmente tomar las riendas, podrá colaborar con los peritos y aportar elementos para la causa penal. Pero mientras el control efectivo siga en manos de los antiguos administradores, la empresa permanecerá en un limbo que pone en riesgo no solo el patrimonio de los acreedores, sino también la continuidad de una planta industrial clave para la economía de La Pampa. El juez Iglesias tiene ahora la difícil tarea de destrabar este conflicto y facilitar la transición, antes de que sea demasiado tarde para salvar el frigorífico.
